Chile – El doble castigo a las mujeres o la violencia sexual en la tortura
[Mujeres Hoy – Violencia de género]
Por Tamara Vidaurrázaga
(tamaravidaurrazaga@yahoo.es)
Cuando Alejandra Holzapfel cayó detenida, fue llevada al cuartel «Venda Sexy», especializado en torturar mujeres. Allí le pusieron electricidad en los genitales, los pechos y fue violada por los torturadores y un perro pastor alemán llamado «Volodia».
Lucrecia Brito recuerda cuando, en 1974, en el Cuartel Terranova -hoy conocido como Villa Grimaldi-, los represores celebraron el año nuevo con una violación masiva a todas las mujeres allí detenidas. Ella se salvó porque, ante lo violento de la escena, vomitó sin parar.
Estas situaciones de violencia sexual en la tortura no fueron fortuitas en las detenciones de mujeres durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
Los maltratos sistemáticos y recurrentes implicaban un castigo por ser militantes del bando contrario o vincularse con militantes que eran perseguidos.
Pero también se trataba de apremiarlas por transgredir los roles femeninos tradicionales y una ideología militar y derechista que remarcaba la idea de las mujeres como madres y esposas abnegadas, a la usanza de la virgen María.
Soledad Castillo, una víctima de estas acciones, indicó a SEMlac: «La denuncia de estos abusos fue muy dolorosa ( ) eso explica que después de 40 años recién se atrevan a contar esta dolorosa experiencia».
Querella
A mediados de mayo, mujeres sobrevivientes de centros de tortura interpusieron una querella por violencia sexual en la dictadura, apoyadas por la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, excentro de detención que fue recuperado y transformado en un sitio de memoria.
La querella tiene por objetivo diferenciar este tipo de actos como una tortura específica aplicada a la gran mayoría de las detenidas.
«La violencia sexual a que fueron sometidas las presas políticas en dictadura no fue precisamente en momentos de tortura; fueron abusos realizados por agentes de organismos represores fuera de interrogatorio», dijo Castillo, abogada de la causa.
«Las mujeres eran sacadas de sus celdas en la noche o, en determinados momentos, y eran violadas y abusadas sexualmente», detalló.
Lucrecia Brito, quien acompañó a las querellantes, indicó que las mujeres en dictadura fueron tomadas como botín de guerra, incluida la actual presidenta Michelle Bachelet, quien estuvo recluida en la Villa Grimaldi junto a su madre, ambas torturadas.
La tortura sexual fue tan recurrente que incluso existió un cuartel llamado «Venda Sexy», especializado en el maltrato sexual a las mujeres que pasaban por allí.
El abogado a cargo de la querella, Hiram Villagra, explicó que «la violencia sexual, por su poder destructivo, su forma particularmente perversa y humilladora, buscó los efectos en forma intencionada como la mejor manera de golpear la moral del enemigo».
Así, constituyó una forma de castigo por transgredir los roles tradicionales que les impone la sociedad, precisó.
Castillo indicó que «este delito lo contempla el derecho internacional separado de la tortura y es un delito de lesa humanidad inadmisible, imprescriptible y sin beneficios».
Quienes participaron en ello están en la más absoluta impunidad, agregó. «Fueron conductas delictivas persistentes, sistemáticas, con el fin de degradar a las mujeres pertenecientes a un grupo social y político. Fueron prácticas permanentes en todos los centros de tortura».
El director de Villa Grimaldi, Alberto Rodríguez, se alarma ante las dimensiones y conceptos del maltrato de género a nivel social. En palabras del torturador Osvaldo Romo, expuso de ejemplo, a él le gustaba torturar mujeres porque aguantaban más.
«Hoy, cuando ellas salen a protestar y exponen su cuerpo en la escena pública, son llevadas a la comisaría, vejadas, maltratadas, son manoseadas con un carácter sexual evidente y eso está silenciado en nuestra sociedad. No podemos seguir siendo cómplices de esta situación; la violencia sexual debe detenerse», dijo Rodríguez.
Para Soledad Castillo es muy importante visibilizar este delito. «En los últimos años hemos visto y denunciado el abuso por parte de carabineros a las estudiantes, a quienes han obligado a desnudarse en las comisarías, levantar sus faldas y así un sinnúmero de prácticas de abusos. Es necesario denunciar y hacer públicos estos delitos», denunció.
El informe oficial
En 2004, el Estado investigó por primera vez los casos de tortura en Chile. De más de 3.000 mujeres que ofrecieron testimonio, casi 10 por ciento señaló haber sido violada. Sin embargo, la
Comisión de Prisión Política y Tortura estima que fue mayor el número de violaciones, silenciadas debido al estigma moral de los abusos sexuales.
Además, concluyó que casi la totalidad de los relatos de las sobrevivientes se refirieron a maltratos sexuales de distinta índole, como una represión sistemática durante la tortura, aunque el tema no fue consultado expresamente, sino que surgió de manera espontánea.
El informe de investigación publica relatos anónimos de vejaciones sexuales que ejemplifican lo crudo y sistemático de este tipo específico de violencia aplicada masivamente contra las detenidas. Describe, por ejemplo, violaciones utilizando botellas, perros amaestrados, ratas vivas introducidas en la vagina; además de abusos sexuales que iban desde el manoseo hasta la obligación de practicarles sexo oral a los torturadores.
Muchas víctimas eran menores de edad. Una de ellas, con solo 14 años y 12 días detenida, asegura que esas vejaciones que le cambiaron la vida para siempre.
«Mi vida nunca volvió o volverá a ser como antes, ya que en ese tiempo era solo una estudiante. Por lo ocurrido no pude continuar estudiando hasta ese momento (…) lo único que sé es que no puedo olvidar nada», señala en el informe.
Esos maltratos específicos para las mujeres afectaron no solo sus sexualidades y aparatos reproductores, sino la relación con sus maternidades.
Las víctimas relatan haber sufrido quemaduras en el útero, torturas específicas en el vientre y violaciones estando embarazadas, que les causaron abortos. Igualmente, embarazos como resultado de las violaciones reiteradas en los cuarteles.
El documento emitido por la Comisión reconoce estas acciones como constante histórica en conflictos armados y agresiones de los ejércitos para vulnerar a sus enemigos mediante la dignidad de sus mujeres.
La violencia sexual está prohibida en el derecho internacional humanitario, específicamente en el Convenio de Ginebra, suscrito por Chile en 1949.
En 1998 la Corte Penal Internacional reconoció en uno de sus estatutos legales que la violación sexual podría constituirse en crimen de guerra o de lesa humanidad, en vez de considerarlo un simple crimen contra la dignidad de las personas, como tradicionalmente se había establecido en el derecho internacional humanitario.
Para la Comisión, la violación es tortura cuando es «infligida, instigada o llevada a cabo con el consentimiento o la pasividad de un funcionario público u otra persona que actúa como representante oficial; y/o busca infligir dolores o sufrimientos para intimidar a la víctima, obtener información, denigrarla o castigarla por actos reales o supuestos atribuidos a ella o a miembros de su familia o para proporcionar satisfacción al victimario bajo condiciones de abuso y desprotección absoluta de la víctima», señala el informe oficial.
Las investigaciones
La investigación Las mujeres víctimas de violencia sexual como tortura durante la represión política en Chile, 1973-1990. Un secreto a voces, realizada por el Instituto de la Mujer en 2003, concluyó que la mayoría de las detenidas y/o torturadas en la época dictatorial sufrieron algún tipo de violencia sexual.
Agrega que estos vejámenes fueron un método extendido de tortura invisibilizado por los organismos de derechos humanos, la sociedad entera y las propias víctimas.
Este tipo de tortura «buscaba la degradación máxima de la víctima, que esta sintiera vergüenza de sí, de su propio cuerpo», señaló en una columna de opinión la psicóloga Carolina Carrera, una de las autoras del estudio.
«Era, a juicio de las propias mujeres, el peor de los castigos, la peor tortura», subrayó Carrera.
Gloria Leal, directora ejecutiva de la Fundación Instituto de la Mujer, indicó a SEMlac que este tipo de tortura, habitual durante las detenciones de mujeres en Chile, fue una forma de tortura diferente con un doble castigo para ellas: denigrarlas y violentarlas por el solo hecho de ser mujer.
«Por su gravedad, deben ser tratados como crímenes de lesa humanidad, y sus agresores deben ser juzgados, además, como agresores sexuales», puntualizó.
El especialista José Olavarría aclara en sus estudios que estos maltratos específicos a las mujeres se enmarcaron en la lógica de la «contrainsurgencia» y la doctrina de la «seguridad nacional» del aparato represor.
Según esa doctrina, las mujeres del bando contrario se diferenciaban entre «enemigas» o «mujeres del enemigo», por lo que la violencia sexual contra ellas fue una política de género aplicada sistemáticamente por la represión dictatorial.
Chile, Agencia de Noticias SEMlac (Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe)
Mayo 2014
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